Juan Guaidó: Una Venezuela, dos presidentes
Desde las masivas protestas contra el régimen de Nicolas Maduro que se produjeron en 2017, que dejo un saldo de 157 muertos (según cifras extraoficiales) y casi 3000 detenidos, Venezuela había entrado en un acelerado proceso de desgaste y crisis, donde la escasez de alimentos y medicinas empeoro, la calidad de los servicios públicos cayo en picado, la economía inflacionaria degenero en hiperinflacionaria, y Nicolas Maduro solo se atornillo mas en el poder. Los venezolanos entraron en una fase de desesperanza, molestos y desconfiados, por un lado, de una dirigencia opositora aparentemente desunida y sin plan a la vista, y por el otro, de un gobierno que prometía cada rato una recuperación economía que jamás llegaba, lo que llevo a muchos a perder las esperanzas de una recuperación y a huir del país en una migración masiva sin precedentes en América Latina.
Por esto, ante un escenario en el que ya muchos no tenían fe en poder salvar la otrora democrática Venezuela de las garras del régimen chavista, que ha gobernado desde hace 20 años, la llegada de Juan Guaidó, juramentado como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, o AN (Legislativo), y hasta hace nada un diputado relativamente desconocido del partido Voluntad Popular, fue toda una sorpresa. Nadie se esperaba el impulso que le daría a la oposición, que lograra recuperar la conexión perdida con los ciudadanos de Venezuela, que lograra traer la esperanza de nuevo, y trazara una ruta que ha llevado, como ninguna otra estrategia opositora en el pasado, a que el régimen de Nicolas Maduro este hoy al borde de darle paso a una transición democrática, más aún tras la juramentación, el 23 de enero, de Juan Guaido como Presidente Encargado de la República. Pero la pregunta que muchos se harán en el extranjero es, ¿Cómo pudo el juramentarse como Presidente Encargado de Venezuela?, ¿no que Nicolas Maduro es el Presidente de Venezuela, en este articulo les ofreceremos algunas claves para explicar este suceso.
Obsesión Ideológica
Mucho de lo que sucede hoy en Venezuela no se puede entender sin hablar antes de la ideología del chavismo. Y es que, en líneas generales, hablamos de un socialismo, autoproclamado democrático, que ha centralizado el poder político (con un claro autoritarismo), que no solo desconfía de la empresa privada y del mercado, sino que es abiertamente hostil a ellos (por ejemplo, con estrictos controles de precio de productos y cambio de la moneda), que creo programas sociales (llamadas “misiones”) para atender a la población mas necesitada, pero que solo creo una dependencia hacia el Estado, y que fue financiado, primero con los precios al alza del Petróleo, luego, con préstamos que endeudaron tanto al Estado como a PDVSA (la empresa petrolera nacional) y cuando esto tampoco alcanzo, con la impresión de dinero inorgánico por el Banco Central.
Esta forma de gobernar, aunque les garantizo el apoyo de buena parte de la población por años, destruyo el aparato productivo del país y la economía, llevando a una inflación y a niveles crecientes de crisis y escasez, que han arruinado a la población y destruido la popularidad del chavismo entre los ciudadanos. Ante esto, Nicolas Maduro prefirió mantenerse fiel a estas medidas, profundizándolas en vez de rectificar por medidas económicas mas racionales, lo que solo le echo mas leña al fuego. Esta negativa a reconocer el fracaso, al menos de la política económica, llevo a que la economía, que ya estaba grave en 2013 al llegar Maduro al poder, empeorase a niveles de crisis humanitaria en 2019, y destruyera por completo cualquier popularidad que Nicolas Maduro tuviese antes. Fácilmente, Nicolas Maduro puede ser considerado el Presidente mas impopular (por no decir odiado) de la historia de Venezuela.
Pelea con la Asamblea Nacional
El deterioro, cada vez más acelerado de Venezuela, en economía, seguridad, alimentos, salud, servicios públicos, y literalmente, todo lo que puede funcionar mal, con escasez o en crisis en un país, lo esta bajo el actual régimen, lo que evidentemente, tiene un impacto en la popularidad de cualquier gobierno. La primera señal de este malestar con el régimen de Maduro se vio en las elecciones legislativas de 2015, donde la oposición, organizada en ese entonces en la Mesa de la Unidad Democrática, logro el 56,21% de los votos (7.728.025) frente al 40,92% (5.625.248) del gobierno. Este resultado no solo dejo claro que el chavismo ya no representaba la mayoría del electorado en Venezuela, sino que le otorgo a la oposición una mayoría calificada o supermayoría (112 diputados del total de 167), lo que, en términos simples, significada que la oposición podía ejercer cualquier actividad legislativa que deseara, y el oficialismo no tenía forma (legal) de impedirlo.
En un país democrático, esto sin duda daría para un enfrentamiento entre el legislativo, dominado por la oposición, y el ejecutivo, dominado por el oficialismo, pero siempre en el marco de la legalidad; un excelente ejemplo es lo que sucede actualmente en Estados Unidos entre Donald Trump y los Demócratas en el Congreso. Pero el chavismo solo acepta los resultados democráticos cuando gana, no cuando pierde. Son multitud de casos en lo que, al perder una Alcaldía o Gobernación, el gobierno les quitaba competencia y presupuestos para asignarlos a entes paralelos creados tan pronto se anunciaba su derrota.
En el caso de la Asamblea Nacional, la excusa fue denunciar que 4 diputados por el Estado Amazonas (3 de oposición, 1 del oficialismo) cometieron irregularidades en las elecciones legislativas, y suspendieron sus juramentaciones hasta culminar las investigaciones del Tribunal Supremo de Justicia o TSJ (con jueces nombrados a último minuto por la Asamblea Nacional saliente para no darle la oportunidad a la oposición de hacerlo con la nueva AN recién electa). De esta forma, el gobierno le quito a la oposición la mayoría calificada. Y aunque inicialmente la oposición acepta, el retraso del TSJ en tomar una decisión al respeto (que, a día de hoy, todavía supuestamente esta investigando si esas “irregularidad” existieron o no) llevo a que eventualmente la AN juramentase a los 3 diputados que le faltaban para la mayoría calificada, lo que hizo que el TSJ declarase a la AN en desacato y, por ende, nulos todos sus actos desde marzo de 2017 hasta la actualidad.
Usurpando poderes
El “desacato” al que el régimen de Nicolas Maduro sometió a la Asamblea Nacional, para de esta forma bloquear todos y cada uno de sus actos, y en la practica dejar al legislativo, dominado por la oposición, sin poder real, llevo a que el TSJ, designado a gusto del PSUV (partido de gobierno) asumiese poderes y actos propios del legislativo, para de esta forma darle un aire de legalidad al gobierno de Nicolas Maduro. En resumen, un Poder Ejecutivo autoritario, controlando al Poder Judicial, despojaban de poder al Poder Legislativo y asumían sus competencias, en un acto que atenta no solo contra la constitución (que el propio Nicolas Maduro ayudo a redactar en 1999) sino contra la esencia misma de una República.
No contento con esto, tras las masivas protestas de 2017, reprimidas violentamente por el régimen, Nicolas Maduro dio otro paso más en su búsqueda de anular a la Asamblea Nacional, y convoco (violando los pasos establecidos en la constitución) ese mismo mayo, a una Asamblea Nacional Constituyente que, en teoría, debería redactar una nueva constitución, que ahondaría en el estado “socialista y comunal” que el régimen de Maduro defiende, y que en el proceso sin duda le daría más poderes.
Tras casi dos años de haber convocado a dicha constituyente (desconocida e ilegítima tanto para la oposición como la comunidad internacional), todavía no hemos visto ni un solo debate público o texto oficial de la supuesta nueva constitución, pero si como la Asamblea Constituyente, que en teoría solo puede trabajar en la nueva Constitución, asumía labores que solo le corresponden a la legitima Asamblea Nacional (aprobar leyes y presupuestos o designar a funcionarios como el Fiscal General de la República), y demuestra que a Maduro solo le interesaba un legislativo cómodo a sus propósitos, pero que en el proceso llevo a que todo acto aprobado por dicha Asamblea Constituyente, y como consecuencia, los hechos por Maduro, sea considerado ilegítimos por la autentica Asamblea Nacional.
Destruyendo su Legitimidad de Origen
Con su decisiones, crímenes y violaciones, Nicolas Maduro hace tiempo que perdió cualquier legitimidad de acción que su gobierno tuviese, ya que actualmente no queda atisbo de democracia en sus decisiones o actos. Pero el periodo para el cual fue electo en 2013, y que culmino el 10 de enero de 2019, siempre tuvo una legitimidad de origen, al ser obtenida en elecciones. Cierto, unas puestas en duda por el ventajismo del gobierno y el uso indiscriminado del dinero y poder del Estado, pero suficientemente limpias para ser considerada legitimas.
De ahí que, cuando llegamos a 2018, año en que debían convocarse unas nuevas elecciones, con el país prácticamente en ruinas, con un gobierno autoritario, y usurpando poderes y atribuciones que no le correspondían, y la población padeciendo una terrible crisis o huyendo del país, las posibilidades de Maduro de ganar unas elecciones, aun en las condiciones ventaja de 2013, eran pocas. No en vano, su popularidad oscilaba entre el 19 al 25% para marzo de 2018.
Por eso, para estas elecciones, no solo contaba con un Consejo Nacional Electoral (quien administra las elecciones en Venezuela) completamente sesgado a favor de Nicolas Maduro, sino que, violando las leyes, hizo que la Asamblea Constituyente convocase a las elecciones para el 20 de mayo de 2018. No solo violo la ley, que establece que es el CNE quien convoca elecciones, sino que lo hizo mediante un poder ilegitimo, meses antes de la fecha que normalmente se convoca elecciones presidenciales en Venezuela (noviembre-diciembre generalmente del último año del periodo presidencial) y que violo todas las fechas y, leyes y reglamentos del CNE para realizar una elección. Y esto sin olvidar que fue tras inhabilitar a los principales candidatos y partidos de oposición, con el mismo ventajismo y dinero del Estado de anteriores elecciones, y con una masa de votantes votando bajo amenaza de perder sus empleos o cajas de comida del gobierno.
Todas estas irregularidades llevaron a que los principales partidos de la oposición se abstuvieran de participar (haciendo de esta elección la de mayor abstención en la historia democrática de Venezuela con solo 46,07% de participación) y sus resultados fuesen desconocidos, tanto por la oposición como la comunidad internacional, siendo esto la clave del rechazo que actualmente recibe Nicolas Maduro.
Falta Absoluta de la Presidencia
La ilegitimidad de las elecciones con que fue reelecto Nicolas Maduro, que actúa mediante un TSJ con jueces elegidos ilegalmente y una Asamblea Constituyente ilegitima, ha llevado a país a una situación inédita en su historia. Venezuela llego al 10 de enero de 2019, día en que debería haber comenzado el nuevo periodo presidencial, sin un Presidente Electo democráticamente, con un Nicolas Maduro convirtiéndose desde entonces en Presidente de Facto, y actuando con el apoyo de Poderes Públicos compuesto en su mayor parte de funcionarios usurpando sus cargos y usando la violencia (ya sea oficial o de los colectivos) para amedrentar a la oposición.
Por estos motivos, y dado que la Constitución no previo una situación de ilegitimidad, usurpación y crisis como la que vive actualmente el país, la Asamblea Nacional legitima considero que existían las condiciones para aplicar el articulo 233 de la Constitución, que en uno de sus párrafos indica:
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.
Articulo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
De esta forma, la AN hizo una analogía de este articulo para poder efectivamente luchar contra un régimen que ha violentado en todas las formas posibles la constitución, usurpando la Presidencia de la República, y dar los pasos necesarios para comenzar a recuperar la democracia de Venezuela.
¿Qué viene ahora?
2019 se ha hecho evidente algo que ya se sentía, y es el desgaste del régimen de Nicolas Maduro. La crisis en que ha sumido a Venezuela, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, y la ruina económica que sufre el país (incluyendo las finanzas del Estado) ha llevado a una impopularidad creciente a su gobierno. Esto se evidencia al comparar cualquier de las manifestaciones de los últimos días, donde mientras Juan Guaidó logra actos multitudinarios capaces de llenar las mas grandes avenidas de Caracas, Nicolas Maduro a duras penas logra llenar una cuadra con gente de todo el país (que en algunos casos va obligada), y se ve forzado a realizar montajes (mal hechos, por cierto) en los canales de televisión del gobierno, llenos de viejas imágenes de marchas repletas de gente, para fingir que todavía tiene apoyo popular.
La cada vez mas evidente soledad de Nicolas Maduro por parte de los ciudadanos lo ha llevado a buscar cada vez mas la lealtad de las Fuerzas Armadas, que, aunque en sus Altos Mandos aparentemente lo apoyan sin asomo de duda (a fin de cuenta, sus corruptas fortunas son gracias a Maduro y su futuro sin el en el poder luce sombrío), no se puede decir lo mismo de los soldados y oficiales que sufren igual que los ciudadanos de la crisis. Y la mejor evidencia de esto lo vemos en que ha sido las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, o FAES, no la Guardia Nacional Bolivariana de las Fuerzas Armadas, la que ha ejercido, en las últimas semanas, la mayoría de los actos de represión.
Juan Guaidó ha sabido conectarse con los ciudadanos al darles una nueva y renovada imagen de liderazgo, tentado a los militares y funcionarios públicos con una ley de amnistía que promete un perdón para los crímenes cometidos durante el régimen de Maduro (excepto los de lesa humanidad) para quien colabore a restituir la democracia, y aislado al régimen al lograr el apoyo de la comunidad internacional. En resumen, Juan Guaidó ha ido aislando a Nicolas Maduro, quitándole poco a poco la imagen, poder y recursos de la Presidencia, para forzar su salida, ya sea voluntaria o forzada por quienes lo rodean.
Y aunque todavía es pronto para decir como lograra efectivamente Juan Guaidó la salida de Nicolas Maduro (a fin de cuentas, hasta ahora parece decidido a mantenerse hasta el final en el Palacio Presidencial en Miraflores), si podemos asegurar que lo que viene después no será fácil.
Y es que Juan Guaidó, como Presidente Encargado durante el futuro gobierno de transición, deberá enfrentar la grave escasez de medicinas y alimentos, los hospitales en ruinas y los servicios públicos en decadencia, luchar contra la grave criminalidad y los altos índices de pobreza, y de hacerle frente a los colectivos (paramilitares) y cualquier otro grupo que actualmente apoya al régimen, y que probablemente se opondrán (violentamente) a su gobierno. Si esto no es suficiente, el tiene en sus manos el controlar la hiperinflación, detener la caída de producción de petróleo, y estabilizar la economía.
Y todo esto mientras el nombra nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral, que tendrán que depurar la institución, crear un nuevo Registro Electoral confiable, revisar o crear los procedimientos para realizar unas elecciones limpias, liberar a presos políticos y habilitar a los partidos de oposición, convocar a unas elecciones, dar tiempo para una campaña presidencial propiamente dicha para finalmente ir a unas elecciones que se puedan considerar realmente legitimas, todo un proceso que le impedirá cumplir con el plazo de 30 días establecido por la constitución, desde la juramentación de Juan Guaidó como Presidente Encargado, de convocar elecciones.
Lo que si es seguro que, una vez lograda la salida de Nicolas Maduro de la Presidencia que hoy usurpa, el gobierno de Juan Guaidó será uno de transición, uno que deberá estabilizar el país en lo económico, político y social, para crear las condiciones para poder ir a unas elecciones que, en el mejor de los casos, se puedan llevar a cabo a finales de 2019, para que de esta manera Venezuela pueda finalmente recuperar su democracia, y entrar finalmente al siglo XXI con la cabeza en alto y alejada del extremismo ideológico del chavismo, obsesionado con fracasadas ideas de lo peor del socialismo del siglo XX.